17/04/2013 democratizacin de la Justicia

Hace dos aos el PRO present un proyecto para restringir los plazos de las cautelares

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien se opone al proyecto del gobierno nacional para limitar el uso de las medidas cautelares que beneficien a las corporaciones, pidió en 2011 restringirlas en casos que involucraban derechos sociales.

 "Las cautelares en la Ciudad se usan contra el Estado, para evitar que el Estado haga obras", señaló recientemente Macri, quien a pesar de oponerse fervientemente a los proyectos de reforma del Poder Judicial que el gobierno nacional envió al Congreso, presentó a fines de 2011 en la legislatura porteña una iniciativa para restringir en particular los plazos de las medidas cautelares.

Incluso, el jefe de gobierno porteño dijo durante la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1° de marzo pasado, que "estamos abiertos a opiniones distintas, pero judicializar la gestión no es el camino adecuado. Esto sólo demora las mejoras y aumenta los costos, que pagamos todos los vecinos".

En concreto, las cautelares que irritaron a Macri son las que posibilitaron las elecciones en las villas; los derechos de los manteros; un subsidio por desalojo para una familia, y el freno de las obras del Centro Cívico en terrenos del Hospital Borda, presentadas como una de las obra emblema por la gestión PRO. 

Las cautelares que irritaron a Macri son las que posibilitaron elecciones en las villas y los derechos de los mantero, entre otras

Casos más recientes de lo que para Macri significaron trabas judiciales son las medidas que demoraron la colocación de la reja perimetral en el parque Centenario, la extracción de árboles sobre la 9 de Julio por las obras del Metrobus, y la cancelación del aumento de la tarifa del subte de 2,5 a 3,5 pesos.

Sin embargo, a la hora de referirse a la cautelar que frenó durante tres años y medio la aplicación plena de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la que posibilitó al diario La Nación acumular en diez años una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos, el jefe de gobierno porteño rechaza el proyecto del gobierno nacional para regular el uso de esa herramienta.

El último fin de semana, a través de una carta publicada en las redes sociales titulada "Que nadie se quede callado", Macri manifestó su rechazo a los proyectos impulsados por el poder ejecutivo porque a su entender, el gobierno nacional "va por una reforma que pretende llevarse puestas las reglas de juego".

"Esta semana no es como cualquier otra en nuestro país. Se pone en juego la Justicia, y cuando ella está en juego muchas cosas entran en crisis", señala el texto.   

El líder del PRO también estuvo ayer junto a otros políticos de la oposición en la manifestación frente al Palacio de Tribunales para rechazar los proyectos de reforma judicial, y convocó a la ciudadanía a concurrir a la marcha del 18 de abril.

El proyecto presentando por el PRO en la legislatura porteña, que llevaba la firma del entonces jefe de bloque macrista y futuro  vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, planteaba “un límite razonable de vigencia” para las cautelares. 

En el texto se detalla que “será de especial atención la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte que hubiere obtenido la medida” y afirma que “si dejare transcurrir veinte días sin impulsar el proceso el juez de oficio y sin sustanciación alguna decretará la caducidad de la medida cautelar”.

"Bajo ningún aspecto debe interpretarse el presente proyecto como una forma de restringir el acceso a la Justicia ni la protección cautelar, sino antes bien como un intento de acordar límites precisos para de este modo evitar su mal uso”, indicaba además la iniciativa.

El proyecto había sido aprobado por la Comisión de Justicia en un tratamiento exprés y tenía preferencia para tratarse en el recinto, pero finalmente no fue convertido en ley.