21/03/2013 Derechos Humanos

Hortel: "Aunque las corporaciones no quieran, vamos a seguir construyendo un Servicio Penitenciario inclusivo"

El director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, reafirmó el rumbo de la gestión en materia de políticas inclusivas de reinserción social y revinculación familiar.

Luego de que la justicia desestimó la denuncia presentada contra el Servicio Penitenciario Federal por la realización de actividades culturales extramuros de las que participaban personas privadas de su libertad, su director, Víctor Hortel reafirmó el rumbo de la gestión en materia de políticas inclusivas de reinserción social y revinculación familiar.

El fallo del juez federal Sebastián Ramos conocido el viernes desestimó y ordenó el archivo de la denuncia presentada por el diputado nacional de la Coalición Cívica Carlos Comi, porque consideró que no hubo “delito de acción pública” ya que todas las salidas de personas privadas de su libertad contaban con la correspondiente habilitación judicial.

La resolución del juez se basa en la extensa investigación llevada adelante por el fiscal Eduardo Taiano en la que constató, en cada uno de los casos, que las salidas se encontraban correctamente autorizadas y que se trataban de salidas culturales enmarcadas en un plan de reinserción.

En ese marco, Hortel señaló que “la cruzada de la corporación mediática intentó tergiversar una política de inclusión que tiene como eje garantizar los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad en el ámbito del SPF, entre ellos, el acceso a la cultura y a actividades recreativas”.

El derecho a la educación y el trabajo, la participación en actividades deportivas y culturales y el acceso a una atención de salud de calidad son, entre otros, los ejes de la gestión del SPF.

En esta línea de trabajo, se presentó en el día de ayer junto al Ministerio de Salud, el Plan Estratégico de Salud del SPF 2012-2015, cuyo objetivo es consolidar un sistema integral de cuidado de la salud para las personas privadas de la libertad y que es resultado de un diagnóstico técnico realizado por profesionales en las distintas Unidades.

Como parte de la misma política se puso en funcionamiento en 2011 el Programa Interministerial de Salud Mental (PRISMA) a partir del que se logró revertir una situación histórica de vulneración de los derechos elementales de las personas con trastornos de salud mental que se encuentran privadas de su libertad.

Además, se firmó el jueves 14 de marzo un convenio con el Consejo Nacional de las Mujeres para implementar con mayor fuerza una serie de políticas de género hacia las mujeres privadas de su libertad y el personal femenino del SPF.

En materia de inclusión laboral, se pondrá en marcha en abril una nueva imprenta en el Complejo Penitenciario Federal I, de Ezeiza, a partir de la que se generarán 70 puestos de trabajo calificado.

Durante los próximos meses comenzará a funcionar un barco pesquero cuya base será la ciudad de Trelew, en el que se desempeñarán internos de la Unidad 6 de Rawson, y que permitirá capacitarlos en ese oficio de la mano de la instalación de una planta procesadora de langostinos en el interior de la unidad.

La matrícula educativa de las personas en contextos de encierro llega al 70 por ciento de la población penal, teniendo como meta a alcanzar, para fin del 2013, el 80 por ciento.

El 75 por ciento de la población carcelaria trabaja y recibe un salario con el que puede mantener un hogar, al mismo tiempo que se capacita en un oficio que le permite planificar un proyecto de vida para desarrollar una vez recuperada la libertad.