"El análisis y la crítica del discurso, y la crítica de la construcción social de la realidad a través de los medios masivos de comunicación es lo que puede y debe prevenir estos fenómenos", agregó Zaffaroni, al exponer junto a Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

 

Convocados por la Comisión de Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y acompañados por Abraham Gak -profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix-, los panelistas repasaron la participación de los grupos económicos y la complicidad civil durante los gobiernos de facto.

 

Al tomar la palabra, Zaffaroni sostuvo que "un crimen masivo de Estado requiere de ciertas condiciones, primero hay que encontrar un chivo expiatorio que debe ser capaz de infundir cierto temor; y el terror es un grado superlativo de miedo. Todo esto es una manipulación y una administración de los miedos".

 

Sobre este mecanismo, que la última dictadura militar supo elegir como chivo expiatorio de la "violencia política" que precedió al golpe de Estado, se "construyó el terror paralizante de la población. ¿Cómo se construye este temor? Como se construye la realidad. Mediáticamente", dijo.

 

"Lo primero que hay que crear para cometer un crimen masivo de Estado es miedo. ¿Cómo se explica lo de la sociedad civil? Porque primero se infundió miedo. Se construyó una realidad, en torno de un chivo expiatorio temible. Siempre algo de verdad hay en esa construcción, cuidado. No se puede construir de la nada, algo tiene que haber", agregó.

 

Después sobrevinieron las "técnicas de neutralización de los valores de nuestra sociedad, mientras que la destrucción del chivo expiatorio pasó a ser sólo un pretexto. Pero este fenómeno tiene un objetivo de poder y por ende un objetivo económico", agregó el juez de la Corte Suprema ante un auditorio colmado de oyentes.

 

Para Zaffaroni, la "prevención del crimen masivo de Estado está en la sociedad y en nuestra cultura, en estar alertas cuando aparecen estas técnicas de neutralización de valores. Primero aparecen incoherentemente e inorgánicamente; luego hay un estadio en el que aparecen orgánicamente, en discursos políticos, publicaciones y teorización".

 

En otro pasaje de su alocución, el juez reclamó que "analicemos lo que se nos está construyendo, y veamos cómo se nos manipula y se nos infunde miedos a través de construcciones artificiales de la realidad en nuevas versiones. La historia nunca se repite, pero sí se continúa. Tengamos cuidado con eso".

 

También advirtió acerca de que "siempre se intentan crear una realidad amenazante, crear una realidad caótica, seleccionar los datos de realidad que nos hacen vivir en un mundo temible, conforme a los miedos que se nos generan. No temible conforme a las fuentes de peligro que realmente existen, y que se disimulan".

 

Por su parte, Alén se refirió a los delitos económicos de la última dictadura militar al citar los casos de Ford, Acindar, Ingenio Ledesma (por el que se está juzgando la responsabilidad de la familia Blaquier), de los hermanos Iaccarino y los Gutheim, al igual que el del Grupo Clarín y la adquisición de Papel Prensa, entre otros.

 

"Fueron eliminadas y suprimidas más de 800 empresas de distinto tipo y de envergadura en el país. Todo fue, en algunos casos, víctimas de la propia política económica que los obligaba a cerrar  o quebrar; y en otros casos víctimas directamente de la apropiación, y cuando no de la rapiña", agregó el subsecretario de Derechos Humanos.

 

El dictador Jorge Rafael Videla "dijo en una de sus últimas intervenciones, que el golpe de Estado no era necesario porque la represión ya estaba en nuestras manos, y es cierto. Pero a partir del 24 de marzo de 1976 todas las instituciones del Estado pasan a ser terroristas y se ponen al servicio del modelo económico de José Alfredo Martínez de Hoz", agregó.

 

En tanto Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix, al hablar en el panel se refirió al rol que cumplieron los dirigentes y profesionales nucleados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas durante la última dictadura militar, al evocar que defendieron entonces políticas económicas impulsadas por Martínez de Hoz desde la cartera de Economía, sin mencionar los crímenes.